Impunidad garantizada

María Mancuello, opinión una ex candidata a Defensora del Pueblo

María Mancuello

La ex candidata a Defensora del Pueblo es activista socioambiental e integrante de Carlos Paz Despierta. María, ¿qué opinás de lo que pasó con el video de Víctor Curvino y la decisión de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes?

La impunidad garantizada es la síntesis de cómo se cuida la política a sí misma. Días antes de la elección apareció un video donde se lo ve dentro de un auto, copa en mano, con su pareja también tomando, riéndose y burlándose del personal de Seguridad Urbana, incluso reclamando que intervenga el intendente para frenarlos. Eso solo ya pinta de cuerpo entero la relación de dependencia que tiene con el Ejecutivo.

Un Defensor del Pueblo que asegura que en ese momento “no era defensor”, pero cuya propia pareja, en el video, dice claramente: “Mirá, ahí lo tenés al defensor del pueblo chupado”. Un Defensor que minimiza el hecho diciendo que fue “un comentario” y que “solo estaban ellos dos en el auto, algo espontáneo”, como si no ser aún funcionario lo eximiera de cumplir las normas que debe respetar cualquier ciudadano.

Se victimiza, acusando a la oposición de montar una operación para hacerlo perder las elecciones, pero al mismo tiempo, en una entrevista radial, reconoce que estaban él y su pareja “pasando un muy buen momento” en la costanera. Y cuando el periodista le pregunta si el hecho existió, responde: “Sí, por supuesto, lo reconozco”. Luego intenta dar contexto: que Seguridad Urbana les pidió que se movieran porque era medianoche, que hicieron “50 metros” y estacionaron en la calle paralela, y que allí se grabó el video. Incluso señala que fue su novia quien lo filmó y que la oposición “lo usó” en su contra.

Pero la verdad es simple: fue una decisión propia beber alcohol en la costanera. Y si no hubiera tomado, ese video jamás habría existido. No hay operación política que pueda inventar un hecho que él mismo admite haber protagonizado.

Él dice que fue antes de asumir…

Ahí empieza la novela. En radio dijo agosto de 2021. En su defensa escrita, septiembre de 2021. O sea… ¡ni para mentir se ponen de acuerdo!

¿Y la investigación?

La oposición pidió una pericia del video para saber la fecha exacta y determinar si ya estaba en funciones. ¿Qué hizo la Sala Acusadora? Cuatro votos oficialistas dijeron NO: Merlino, Bosch, Guruceta y Villalobos. Rechazaron la prueba. Si todo estaba en orden, ¿por qué negarse? Fácil: porque la Cámara Acusadora es parcial y opera para lo que le conviene. Acá al Defensor lo salva el intendente, y todos lo saben.

¿Qué implica esto para la Defensoría?

Que la Defensoría es hoy un chiste de mal gusto. Pagamos 15 sueldos para que no funcione. Porque, seamos claros, ¿quién va a ir a pedir justicia a un Defensor del Pueblo que defiende… al intendente? Es como ir a quejarte al zorro porque te comió las gallinas.

También hablaste de irregularidades en la campaña.

Sí, y no son detalles menores. Antes de la elección, lejos de anunciar a bombo y platillo que había una campaña electoral vigente para una elección donde el voto era obligatorio, se ocultó la información. Hubo denuncias —mías y de otros candidatos— por actos que se presentaban como reuniones vecinales, pero en realidad eran actos de campaña, violando todas las normativas electorales.

El uso de la propaladora municipal fue totalmente alevoso: estamos hablando de un bien público, de todos los vecinos, usado para promocionar a un candidato oficialista, dejando en total desigualdad de oportunidades al resto de los que competíamos. Hubo reuniones en plazas y en el Departamento de Folklore donde se juntaba a empleados municipales para “hablar de temas vecinales”, pero en realidad eran actos proselitistas para bajar la línea de “hay que votar al actual Defensor”. Panfletos en la calle, actos disfrazados de encuentros comunitarios… todo para tener ventaja sobre los demás candidatos.

¿Cómo definirías lo que pasó?

Esto es la foto perfecta de la connivencia política: un Defensor que, cuando lo encuentran infringiendo la ley, en vez de hacerse cargo, recurre al intendente para que lo proteja. Un oficialismo que bloquea una pericia que podría aclarar todo. Una campaña hecha con recursos públicos y trampas comunicacionales. Y una ciudadanía que termina pagando, con sus impuestos, una Defensoría que no defiende al pueblo, sino al poder de turno.

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